miércoles, 1 de marzo de 2017

Clausula suelo... una de cal y otra de arena

"El 15 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo ha obligado por primera vez a un banco, el BBVA, a devolver todo lo cobrado por una cláusula. No solo las cantidades posteriores a mayo de 2013, sino desde el inicio del contrato. La Sala de lo Civil ha aplicado así por primera vez la sentencia dictada en diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a las entidades financieras españolas a devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo que fueran abusivas o poco transparentes en las hipotecas.

Sin embargo, ese mismo día 15 de febrero, el Tribunal Supremo daba una de arena al fallar, en otra demanda, que una cláusula suelo incluida en una hipoteca de la Caja Rural de Teruel no era abusiva por "cumplir los requisitos de transparencia" pues aparecía resaltada en negrilla y había sido negociada individualmente entre el cliente y la entidad."

Muy interesante revisión de todas las peripecias de la clausula suelo, lectura muy recomendable:

Todas las sentencias sobre cláusulas suelo abusivas de las hipotecas: Tribunal Supremo (9-05-2013, 25-02-2015 y 15-02-2017) y Tribunal de Justicia de la UE (21-12-2016) que obliga a la banca a devolver todo lo cobrado. Peripecias de un largo proceso. 



Consejos sobre Cláusula Suelo y el RD-Ley 1/2017

Un consejo que le daría a un amig@:

- No te dirijas al banco a pedir que te devuelva lo de la cláusula suelo por esa vía extrajudicial que el Gobierno junto con los bancos se han sacado de la manga. Antes, es importante que te asesore alguna Asociación de consumidores o un abogado de confianza y con conocimiento en derecho bancario o en estas cláusulas abusivas... tan de moda ahora. 

Aclaraciones cláusula suelo. 
En el Real Decreto-ley 1/2017 la petición al banco en la vía que este marque, tiene consecuencias. No para el Banco o Caja, pero si para el consumidor, aunque el consumidor (como viene siendo habitual) no lo sabe, ya que gobierno y bancos han creado la tela de araña perfecta en la que enredar a un consumidor y que este salga perdiendo...

En base al Real Decreto-ley el banco puede ofrecer una cantidad de devolución con la que el consumidor puede conformarse a fin de cerrar el asunto de forma muy beneficiosa para sus caudales. 

El gobierno ha exonerado a los bancos en este Real Decreto de sistema sancionador y de cualquier control o vigilancia sobre las cantidades que el banco ofrece al consumidor. Lo que dará lugar en muchos casos a que los consumidores no reciban todo lo que les corresponde, el banco quede impune y ellos indefensos en cuanto a reclamar la situación. 

Es importante aclarar la postura del TJUE en la conocida y revolucionaria sentencia del 22 de Diciembre de 2016:

En la sentencia no se han declarado Nulas las cláusulas suelo por naturaleza. 

La sentencia aclara que en el caso de que la cláusula suela pueda considerarse NULA  el banco debe devolver lo cobrado de más desde la firma de la hipoteca con intereses. 

¿Cómo podemos saber si nuestra cláusula suelo es nula? Con las pistas que nos marcó el Tribunal Supremo en su sentencia del año 2013, en la transparencia está la clave. 

martes, 5 de julio de 2016

Ya está aquí: Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos



Fuente: Agencia de Protección de Datos

El Reglamento General de Protección de Datos ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016. La AEPD ha elaborado este documento simplificado, que sigue el formato pregunta-respuesta, para facilitar la comprensión del nuevo marco normativo a los ciudadanos y ayudar a las organizaciones a adaptarse a los cambios que incorpora y cumplir así con sus obligaciones.


El Reglamento de protección de datos en 12 preguntas



1. La entrada en vigor del Reglamento, ¿supone que ya no se aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos española?

No. El Reglamento ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016 pero no comenzará a aplicarse hasta dos años después, el 25 de mayo de 2018. Hasta entonces, tanto la Directiva 95/46 como las normas nacionales que la trasponen, entre ellas la española, siguen siendo plenamente válidas y aplicables.

2. ¿Cuál es, entonces, el significado de que el Reglamento haya entrado en vigor?

El periodo de dos años hasta la aplicación del Reglamento tiene como objetivo permitir que los Estados de la Unión Europea, las Instituciones Europeas y también las organizaciones que tratan datos vayan preparándose y adaptándose para el momento en que el Reglamento sea aplicable.

En esos dos años, por ejemplo, los Estados miembros pueden adoptar o iniciar la elaboración de determinadas normas que sean necesarias para permitir o facilitar la aplicación del Reglamento. Esas normas no pueden ser contrarias a las disposiciones de la vigente Directiva ni tampoco ir más allá de los poderes de actuación normativa que el propio Reglamento prevé de forma explícita o implícita.

3. ¿A qué empresas u organizaciones se aplica?

El Reglamento se aplicará como hasta ahora a responsables o encargados de tratamiento de datos establecidos en la Unión Europea, y se amplía a responsables y encargados no establecidos en la UE siempre que realicen tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su comportamiento.

Para que esta ampliación del ámbito de aplicación pueda hacerse efectiva, esas organizaciones deberán nombrar un representante en la Unión Europea, que actuará como punto de contacto de las Autoridades de supervisión y de los ciudadanos y que, en caso necesario, podrá ser destinatario de las acciones de supervisión que desarrollen esas autoridades. Los datos de contacto de ese representante en la Unión deberán proporcionarse a los interesados entre la información relativa a los tratamientos de sus datos personales.

4. ¿Qué implica para los ciudadanos que el Reglamento amplíe el ámbito de aplicación territorial?

Esta novedad supone una garantía adicional a los ciudadanos europeos. En la actualidad, para tratar datos no es necesario mantener una presencia física sobre un territorio, por lo que el Reglamento pretende adaptar los criterios que determinan qué empresas deben cumplirlo a la realidad del mundo de internet.

Ello permite que el Reglamento sea aplicable a empresas que, hasta ahora, podían estar tratando datos de personas en la Unión y, sin embargo, se regían por normativas de otras regiones o países que no siempre ofrecen el mismo nivel de protección que la normativa europea.

5. ¿Qué nuevas herramientas de control de sus datos poseen los ciudadanos?


El Reglamento introduce nuevos elementos, como el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad, que mejoran la capacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre los datos personales que confían a terceros.

El derecho al olvido se presenta como la consecuencia del derecho que tienen los ciudadanos a solicitar, y obtener de los responsables, que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma ilícita. Asimismo, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, que reconoció por primera vez el derecho al olvido recogido ahora en el Reglamento europeo, supone que el interesado puede solicitar que se bloqueen en las listas de resultados de los buscadores los vínculos que conduzcan a informaciones que le afecten que resulten obsoletas, incompletas, falsas o irrelevantes y no sean de interés público, entre otros motivos.

Por su parte, el derecho a la portabilidad implica que el interesado que haya proporcionado sus datos a un responsable que los esté tratando de modo automatizado podrá solicitar recuperar esos datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable. Cuando ello sea técnicamente posible, el responsable deberá trasferir los datos directamente al nuevo responsable designado por el interesado.

6. ¿A qué edad pueden los menores prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales?

El Reglamento establece que la edad en la que los menores pueden prestar por sí mismos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información (por ejemplo, redes sociales) es de 16 años. Sin embargo, permite rebajar esa edad y que cada Estado miembro establezca la suya propia, estableciendo un límite inferior de 13 años. En el caso de España, ese límite continúa en 14 años. Por debajo de esa edad, es necesario el consentimiento de padres o tutores.

En el caso de las empresas que recopilen datos personales, es importante recordar que el consentimiento tiene que ser verificable y que el aviso de privacidad debe estar escrito en un lenguaje que los niños puedan entender.

7. ¿Qué implica la responsabilidad activa recogida en el Reglamento?

Uno de los aspectos esenciales del Reglamento es que se basa en la prevención por parte de las organizaciones que tratan datos. Es lo que se conoce como responsabilidad activa. Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que el Reglamento establece. El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha producido una infracción es insuficiente como estrategia, dado que esa infracción puede causar daños a los interesados que pueden ser muy difíciles de compensar o reparar. Para ello, el Reglamento prevé una batería completa de medidas:

- Protección de datos desde el diseño

- Protección de datos por defecto

- Medidas de seguridad

- Mantenimiento de un registro de tratamientos

- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos

- Nombramiento de un delegado de protección de datos

- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos

- Promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación.

8. Entonces, ¿supone una mayor carga de obligaciones para las empresas?

El Reglamento supone un mayor compromiso de las organizaciones, públicas o privadas, con la protección de datos. Pero ello no implica necesariamente ni en todos los casos una mayor carga. En muchos casos será sólo una forma de gestionar la protección de datos distinta de la que se viene empleando ahora.

En primer lugar, algunas de las medidas que introduce el Reglamento son una continuación o reemplazan a otras ya existentes, como es el caso de las medidas de seguridad o de la obligación de documentación y, hasta cierto punto, la evaluación de impacto y la consulta a Autoridades de supervisión.

Otras constituyen la formalización en una norma legal de prácticas ya muy extendidas en las empresas o que, en todo caso, formarían parte de una correcta puesta en marcha de un tratamiento de datos, como pueden ser la privacidad desde el diseño y por defecto, la evaluación de impacto sobre protección de datos en ciertos casos o la existencia de un delegado de protección de datos.

En todos los casos, el Reglamento prevé que la obligación de estas medidas, o el modo en que se apliquen, dependerá de factores tales como el tipo de tratamiento, los costes de implantación de las medidas o el riesgo que el tratamiento presenta para los derechos y libertades de los titulares de los datos.

Por ello, es necesario que todas las organizaciones que tratan datos realicen un análisis de riesgo de sus tratamientos para poder determinar qué medidas han de aplicar y cómo hacerlo. Estos análisis pueden ser operaciones muy simples en entidades que no llevan a cabo más que unos pocos tratamientos sencillos que no impliquen, por ejemplo, datos sensibles, u operaciones más complejas en entidades que desarrollen muchos tratamientos, que afecten a gran cantidad de interesados o que por sus características requieren de una valoración cuidadosa de sus riesgos.

Las Autoridades de protección de datos europeas de forma colectiva, y la Agencia Española individualmente, estamos ya trabajando en el desarrollo de herramientas que faciliten la identificación y valoración de riesgos y en recomendaciones sobre la aplicación de medidas, especialmente en relación con pymes que realizan los tratamientos de datos más habituales en la gestión empresarial.

9. ¿Cambia la forma en la que hay que obtener el consentimiento?

Una de las bases fundamentales para tratar datos personales es el consentimiento. El Reglamento pide que el consentimiento, con carácter general, sea libre, informado, específico e inequívoco. Para poder considerar que el consentimiento es ?inequívoco?, el Reglamento requiere que haya una declaración de los interesados o una acción positiva que indique el acuerdo del interesado. El consentimiento no puede deducirse del silencio o de la inacción de los ciudadanos. 

Las empresas deberían revisar la forma en la que obtienen y registran el consentimiento. Prácticas que se encuadran en el llamado consentimiento tácito y que son aceptadas bajo la actual normativa dejarán de serlo cuando el Reglamento sea de aplicación.

Además, el Reglamento prevé que el consentimiento haya de ser ?explícito? en algunos casos, como puede ser para autorizar el tratamiento de datos sensibles. Se trata de un requisito más estricto, ya que el consentimiento no podrá entenderse como concedido implícitamente mediante algún tipo de acción positiva. Así, será preciso que la declaración u acción se refieran explícitamente al consentimiento y al tratamiento en cuestión.

Hay que tener en cuenta que el consentimiento tiene que ser verificable y que quienes recopilen datos personales deben ser capaces de demostrar que el afectado les otorgó su consentimiento. Por ello, es importante revisar los sistemas de registro del consentimiento para que sea posible verificarlo ante una auditoría.

10. ¿Deben las empresas revisar sus avisos de privacidad?

Con carácter general, sí. El Reglamento prevé que se incluyan en la información que se proporciona a los interesados una serie de cuestiones que con la Directiva y muchas leyes nacionales de trasposición no eran necesariamente obligatorias. Por ejemplo, habrá que explicar la base legal para el tratamiento de los datos, los períodos de retención de los mismos y que los interesados puede dirigir sus reclamaciones a las Autoridades de protección de datos. Si creen que hay un problema con la forma en que están manejando sus datos. Es importante recordar que el Reglamento exige de forma expresa que la información que se proporcione sea fácil de entender y presentarse en un lenguaje claro y conciso.

11. ¿En qué consiste el sistema de 'ventanilla única'?

Este sistema está pensado para que los responsables establecidos en varios Estados miembros o que, estando en un solo Estado miembro, hagan tratamientos que afecten significativamente a ciudadanos en varios Estados de la UE tengan una única Autoridad de protección de datos como interlocutora. También implica que cada Autoridad de protección de datos europea, en  lugar de analizar una denuncia o autorizar un tratamiento a nivel estrictamente nacional, a partir de la aplicación del Reglamento valorará si el supuesto tiene carácter transfronterizo, en cuyo caso habrá que abrir un procedimiento de cooperación entre todas las Autoridades afectadas buscando una solución aceptable para todas ellas. Si hay discrepancias insalvables, el caso puede elevarse al Comité Europeo de Protección de Datos, un organismo de la Unión integrado por los directores de todas las Autoridades de protección de datos de la Unión. Ese Comité resolverá la controversia mediante decisiones vinculantes para las Autoridades implicadas.

Este nuevo sistema no supone que los ciudadanos tengan que relacionarse con varias Autoridades o con Autoridades distintas de la del Estado donde residan. Siempre pueden plantear sus reclamaciones o denuncias ante su propia Autoridad nacional (en el caso español, la Agencia Española de Protección de Datos). La gestión será realizada por esa Autoridad, que será también responsable de informar al interesado del resultado final de su reclamación o denuncia.

La ventanilla única, en todo caso, no afectará a empresas que sólo estén en un Estado miembro y que realicen tratamientos que afecten sólo a interesados en ese Estado.

12. ¿Tienen las empresas que empezar a aplicar ya las medidas contempladas en el Reglamento?

No. El Reglamento está en vigor, pero no será aplicable hasta 2018.

Sin embargo, puede ser útil para las organizaciones que tratan datos empezar ya a valorar la implantación de algunas de las medidas previstas, siempre que esas medidas no sean contradictorias con las disposiciones de la LOPD, que sigue siendo la norma por la que han de regirse los tratamientos de datos en España.

Por ejemplo, las organizaciones deben tener en cuenta que a partir de mayo de 2018 deberán realizar análisis de riesgo de sus tratamientos y que puede ser útil para ellas empezar desde ahora a identificar el tipo de tratamientos que realizan, el grado de complejidad del análisis que deberán llevar a cabo, etc. En esta tarea podrían utilizar las herramientas y recursos que paulatinamente vayan desarrollando las Autoridades de protección de datos.

Igualmente, nada impide que las organizaciones comiencen a planificar o a establecer el registro de tratamientos de datos o a implantar las evaluaciones de impacto o cualquiera otra de las medidas previstas.

Del mismo modo, las organizaciones podrían comenzar a diseñar e implantar los procedimientos para notificar adecuadamente a las Autoridades de protección de datos o a los interesados las quiebras de seguridad que pudieran producirse.

En general, las organizaciones que tratan datos personales deberían comenzar a preparar la aplicación de estas medidas, así como de otras modificaciones prácticas derivadas del Reglamento. Por ejemplo, el Reglamento exige que los responsables de tratamiento faciliten a los interesados el ejercicio de sus derechos. Aunque la interpretación de ?facilitar? pueda variar dependiendo de los casos, incluye en todos ellos algún tipo de actuación positiva por parte de los responsables para hacer más accesibles y sencillas las vías para el ejercicio de derechos.

La ventaja de una pronta aplicación es que permitirá detectar dificultades, insuficiencias o errores en una etapa en que estas medidas no son obligatorias y, en consecuencia, su corrección o eficacia no estarían sometidas a supervisión. Ello permitiría corregir errores para el momento en que el Reglamento sea de aplicación.

Fuente: Agencia de Protección de Datoshttp://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_05_26-ides-idphp.php

miércoles, 30 de marzo de 2016

España contra las cuerdas en materia de Protección de Datos

Fuente: a100Plus

Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ponen a España contra las cuerdas en materia de protección de datos: 


- Una de ellas puede permitir declarar nulas todas las cesiones de datos personales realizadas entre administraciones, lo que invalidaría desde el cobro de multas por embargo realizado por Hacienda hasta las tasas de basuras si estas son gestionadas por una diputación y no por el ayuntamiento. 

- La otra sentencia prohíbe el envío de datos a servidores con sede en los Estados Unidos porque no es “puerto seguro”, lo que pondría en cuestión incluso la firma electrónica concedida por el fisco. La polémica (o el caos) está servida (o servido).


Respecto a la primera sentencia, fechada el pasado 1 de octubre, establece que “una Administración pública de un Estado miembro que transmita datos personales a otra Administración pública, ha de informar a los interesados de esa transmisión y tratamiento de datos”. De hecho, la sentencia recuerda a todos los países que han de aplicar el artículo 6 de la directiva 95/46. De no ser así, las notificaciones de cualquier Administración pública a otra Administración pueden ser anuladas jurídicamente porque la mayoría de ellas no se ajustan a las directrices de la Unión Europea. Eso incluye los embargos efectuados por Hacienda con motivo de procedimientos e incluso las mismísimas multas de tráfico.

Entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. (EFE)
“Esta sentencia significa cambiar todos los procedimientos que gestionan los datos personales. Las consecuencias son que las administraciones no podrán ocultar más lo que hasta ahora han ocultado. Por ejemplo, si un ayuntamiento cede tus datos personales a la Seguridad Social, ha de comunicártelo. O cuando los cede para que la diputación gestione el cobro de una multa de tráfico. Y lo mismo pasa con los datos que una Administración, sea cual sea, cede a la Agencia Tributaria. Lo que hace la sentencia es, en resumen, establecer un protocolo de aviso al ciudadano, con dos excepciones: en cuestiones de seguridad nacional o con motivo de una persecución de un delito penal. Pero no excluye a los juzgados, por lo que si un juzgado laboral pide un requerimiento a la Tesorería de la Seguridad Social, por ejemplo, lo tiene que comunicar al usuario”, explica a El Confidencial Josep Jover, el abogado que ha llevado varios pleitos contra la cesión no consentida de datos personales.

El tema es más grave y complejo de lo que parece. Cuando un ayuntamiento ofrece los datos de un ciudadano para que la diputación tramite el cobro de las basuras, ha de comunicar la cesión de datos. De lo contrario, se arriesga a que todo el procedimiento sea declarado nulo. “Lo malo es que toda la estructura española está montada sobre la base de que las administraciones pueden hacer con tus datos lo que les dé la gana. Y la sentencia pone un límite a ese abuso”, subraya Jover.

Eulalio Ávila Cano, presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), señala a El Confidencial que esta sentencia, “lógicamente, afecta y mucho al funcionamiento de las administraciones. Hay que tener en cuenta que si hay que comunicar datos a la AEAT o a la Dirección General de Tráfico para pagar el impuesto municipal, o incluso pedir un embargo a Hacienda, se ha de comunicar la transmisión de datos, por lo que ahora hay que desarrollar un reglamento para adaptarse a la normativa europea”.

Crecimiento burocrático


Ávila destaca que ello provocará “un crecimiento burocrático”. Pero queda una duda en el aire: es evidente que hay que desarrollar un nuevo protocolo de procedimiento, pero “falta delimitar a qué se refiere la transmisión de datos que se ha de notificar, si es solo cuando una Administración pide los datos a otra o si se ha de realizar siempre que se transmitan datos personales aunque sea en una petición más amplia. Esa es la gran pregunta. De momento, tenemos muy claro que, si se piden o se transfieren datos personales, el ciudadano ha de ser informado. Nos falta saber si también se le ha de comunicar cuando se envían datos en otro contexto”.

De otro parecer es Víctor Almonacid, secretario del Ayuntamiento de Alzira y uno de los mayores expertos en administraciones públicas, quien señala que “en principio, la sentencia tiene un gran impacto, porque los ayuntamientos transmitimos miles de datos cada día. Es cierto que ahora no recabamos la autorización del ciudadano, pero al fin y al cabo esa es solo una cuestión formal”. Almonacid señala que “algunas administraciones no conocen todavía la sentencia, que obviamente hay que cumplir. Pero yo soy de la opinión de que el ciudadano no sufre ningún menoscabo en sus derechos por que una Administración municipal, por ejemplo, envíe sus datos a Hacienda, cosa natural por la interrelación de las administraciones”.

Los expertos creen que "en principio, la sentencia tiene un gran impacto, porque los ayuntamientos transmiten miles de datos cada día"

El secretario de Alzira propone “que se firme una especie de protocolo o autorización una sola vez, por el que el ciudadano da su permiso para la transmisión de datos. Él ya es consciente de los datos que tenemos las administraciones, y lo que se haría sería simplificar los trámites. Esa autorización se podría validar incluso telemáticamente. Es la manera más sencilla que veo para que no se produzca un colapso de las administraciones, porque no tiene sentido que tengamos que enviar una notificación cada vez que pedimos o enviamos un dato personal”.

Segunda sentencia


Pero eso es solo la punta del iceberg. Otra sentencia fechada el 6 de octubre es todavía más alarmante: prohíbe transferir datos de carácter personal y datos de especial protección a países que no sean puerto seguro. Y como puerto seguro, de momento, solo se entiende el ámbito de la UE. A este respecto, los grandes servidores de internet, la mayoría alojados en Estados Unidos, no están considerados dentro de esta categoría.

A este respecto, la Agencia de Protección de Datos ya comenzó a enviar cartas de requerimiento a determinadas empresas a finales del pasado año para que se adecúen a la normativa. Las misivas explican que en sus registros “constan ficheros a nombre de esa entidad [la empresa destinataria de la carta] en los que en el apartado de Transferencias Internacionales figuran declaradas transferencias de datos a una entidad estadounidense adherida a los principios de puerto seguro (…) Con fecha 6 de octubre de 2015, el TJUE ha declarado inválida la Decisión de la Comisión 2000/520/CE que establece el nivel adecuado de protección de las garantías internacionales de datos a EEUU ofrecidas por el acuerdo de puerto seguro, por lo que las transferencias no pueden ampararse en esa base legal”. Y terminaba señalando que “se le requiere para que a la mayor brevedad, y en todo caso antes del 29 de enero de 2016, informe al Registro General de Protección de Datos sobre la continuidad de las transferencias y, en su caso, sobre la adecuación a la normativa de protección de datos”.

“Ya es la segunda vez que el TJUE falla contra el acuerdo de puerto seguro por insuficiencia de garantías sobre los datos personales de los europeos”


¿A qué se debe esta iniciativa? Sencillamente, a que los servidores de Estados Unidos y sus empresas no pueden calificarse de seguros, a pesar de que hace años la UE firmó un convenio con aquel país. En estos momentos, ese convenio es papel mojado. El procedimiento que desembocó en esta sentencia fue iniciado por Maximilian Schrems, un ciudadano austriaco, cuyos datos en Facebook se conservaban en un servidor del país norteamericano. Una nota informativa del TJUE señala que Schrems presentó su reclamación tras la denuncia de Edward Snowden de que la NSA espía la mayoría de las comunicaciones y, dado que sus datos iban a un servidor estadounidense, “no garantizaban una protección suficiente de los datos transferidos a ese país frente a las actividades de vigilancia por las autoridades públicas”. “Ya es la segunda vez que el TJUE falla contra el acuerdo de puerto seguro por insuficiencia de garantías sobre los datos personales de los europeos”, subraya Josep Jover.

En este caso, además, existe un problema añadido: el fisco español, por ejemplo, utiliza esos servidores para conceder la firma digital, por lo que en una cantidad importante de transferencias de datos (cuando se hace referencia a datos personales), se estaría vulnerando la ley comunitaria. En consecuencia, esas transmisiones podrían ser declaradas ilegales.

Fuente: a100Plus

jueves, 18 de septiembre de 2014

El derecho a la MATERNIDAD en una balanza



El momento más feliz de la vida de un ser humano, posiblemente sea ese en el que puede sostener a su bebé en brazos, un hecho que como personas nos identifica tanto y a su vez nos distancia y no es contemplado sin ser un problema desde el terreno de lo laboral. Por lo menos por el momento y en España.


Caminamos hacia la conciliación laboral y familiar por parte de ambos progenitores, pero ¿es esta la realidad o tan solo la teoría?


En este mismo año 2014 una abogada ha sufrido la carencia de su derecho a tener una baja por maternidad con motivo de su profesión y lo que ha resultado aún más sorprendente es la anulación de este derecho al padre también, a pesar de:

"el artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público, como una de las medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconoce en su apartado a) el «permiso por parto», cuya regulación permite a la madre optar por ceder al otro progenitor el disfrute de una parte del periodo de descanso no obligatorio."

Si eres abogada no tienes derecho a maternidad y como una ilógica consecuencia el padre tampoco disfrutara de su derecho. ¿Quién cuidará a ese bebé? 

Así ha transcurrido todo el proceso judicial hasta que el Tribunal Superior de Justicia definitivamente deniega el derecho a esta familia. Puede leer aquí la noticia. 

lunes, 23 de septiembre de 2013

Negociar la anulación de la CLAUSULA SUELO


¿Cómo negociar la anulación de la clausula suelo?
Pasados más de cuatro meses de la famosa sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en la que se declaraba la nulidad de la cláusula de interés mínimo en las escrituras de ciertas entidades (más conocida como clausula suelo), es cada vez más habitual que los bancos reciban las reclamaciones de sus clientes viéndose obligados, ahora si, de admitirlas a trámite, escuchar la queja y en algunos casos admitir su nulidad.

Afortunadamente, esto viene sucediendo cada vez más sin llegar al Banco de España, ahora bien, el banco o caja que consienta la petición no va a salir perdiendo (como viene siendo habitual con este tipo de entidades), siempre nos propondrá una negociación presencial con la dirección de nuestra oficina para conseguir retirar esa cláusula y reducir merecidamente nuestra cuota de hipoteca. En esa negociación es importante mostrarse fuerte, decidido y atenerse a una serie de claves que aquí citamos y con las que pretendemos ayudar en esa reunión: 

- Conocer las sentencias ya conseguidas de clausula suelo. No solo la del Tribunal Supremo sino las más de 30 sentencias que existen por este motivo dictadas en territorio nacional. 

- Contemplar la anulación en un acuerdo privado siempre será más económico para el cliente y tendrá la misma validez que si se realiza una nueva escritura que valide esa anulación.

- Calculadora en mano para comprobar que oferta nos está haciendo el banco, ya que en muchos de los casos intentan eliminar el suelo de forma parcial, por ejemplo si tenemos un 2% dejarlo en un 1% o 0,5%. 
El cliente debe tener claro que cualquier hipoteca firmada a interés variable no debe tener interés mínimo, así que la negociación con el banco debe ser firme en cuanto a la eliminación total del suelo. 

- Devolución de cantidades con carácter retroactivo. El banco no va a aceptar esta propuesta de primera, pero siempre puede acudir al Banco de España o vía judicial para conseguirla ya que cada vez existen también más sentencias que la apoyan y la hacen efectiva. 

Desde Alianza Abogados animamos a todos aquellos usuarios de hipoteca que revisen su escritura, descubran si disponen de cláusula suelo y no duden en reclamar al banco la situación ya que, paso a paso estamos haciendo el camino. 

lunes, 8 de julio de 2013

¿Tiene mi hipoteca CLAUSULA SUELO?


Cada día escuchamos en los medios de comunicación y recibimos información acerca de lo comúnmente llamado CLAUSULA SUELO. Pero como ciudadanos de a pie, ¿sabemos exactamente que significa este concepto y como nos puede estar afectando?

¿Cómo podemos conocer si nuestra hipoteca está limitada con una cláusula de este tipo? 

La cláusula suelo habitualmente aparece en la escritura del préstamo hipotecario que hemos contraído con el Banco, en el apartado "Intereses" y nos comunica (normalmente de forma poco transparente) que el interés aplicable a nuestra hipoteca, a pesar de ser de tipo variable no será inferior al x,xx%. Las clausulas suelo suelen tener un valor desde el 3,00 al 1,5%. 

Esto hace que aunque el Euribor descienda a mínimos históricos, como lo sucedido en este año 2013, nuestra hipoteca no desciende con él sino que queda estancada en ese porcentaje que el banco introdujo en el contrato, aprovechando el desconocimiento del cliente. 

Además estas cláusulas suelo habitualmente suelen venir acompañadas en el mismo apartado indicado de un "cláusula techo", esto es que además de lo anotado en límite inferior, también el banco (esta vez amablemente) indica un desproporcionado límite superior sobre el que la hipoteca no podrá subir, este suele estar en torno al 13 o 15%. Esta clausula techo haría que en caso de que el Euribor subiera a límites a insospechados nuestra hipoteca ascendería hasta el techo superior que haya indicado el banco.

En el gráfico podemos comprobar la evolución y tendencia bajista que el Euribor tiene durante todo este año 2013 y que en el mes actual tiene un valor de 0,531%. También podremos comprobar si nuestra hipoteca está afectada por una clausula suelo comprobando uno de nuestros recibos de hipoteca de este año 2013, de algún mes posterior a la revisión anual, en él deberemos encontrar que el interés aplicable es la cifra del Euribor vigente, ya que si encontramos un 2,00% u otra cifra, es muy probable que estemos pagando una cantidad superior de lo que deberíamos y sería la hora de revisar el contrato para asegurarnos de la existencia de esa clausula suelo y proceder a reclamarla.